La desaparición de Sandra Domínguez, abogada y activista en Oaxaca, ha generado preocupación en toda la comunidad de derechos humanos del país. Sandra se dedicaba a denunciar violencia institucional y feminicidios, y desde el 4 de octubre no se tiene rastro de ella ni de su esposo, Alexander Hernández. La pareja fue vista por última vez en María Lombardo de Caso, y su camioneta apareció abandonada cerca de la frontera con Veracruz.
Sandra era conocida por su valentía al enfrentar a funcionarios públicos involucrados en grupos de chat donde se ejercía violencia sexual contra mujeres indígenas. A lo largo de su trayectoria, Sandra había recibido amenazas y solicitado medidas de protección en varias ocasiones, pero estas no fueron suficientes para prevenir su desaparición.
El caso ha causado indignación no solo por la falta de acción inmediata por parte de las autoridades, sino por el contexto de violencia que sufren los defensores de derechos humanos en México.
La desaparición de Sandra no es un hecho aislado. México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para los activistas, especialmente para aquellos que defienden los derechos de mujeres y comunidades vulnerables. El riesgo constante, sumado a la impunidad, ha generado un clima de miedo entre quienes alzan la voz. Colectivos y ciudadanos han lanzado campañas en redes sociales con etiquetas como #DóndeEstáSandra para exigir su pronta localización y la protección de quienes enfrentan estas amenazas.
El caso refleja una problemática profunda: la lucha por la justicia en México sigue cobrándose vidas y desapareciendo voces. Activistas y defensores de derechos humanos piden que la desaparición de Sandra no quede en el olvido ni se pierda en los trámites burocráticos, sino que se investigue a fondo para dar con su paradero y evitar que historias como esta se repitan.
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