Dictan prisión preventiva para Carlota “N”, la abuelita de Chalco, y sus dos hijos

Carlota “N” y sus hijos, Eduardo “N” y Mariana “N”, fueron vinculados a proceso con prisión preventiva justificada, tras ser señalados como los presuntos responsables de un ataque a balazos ocurrido el pasado 1 de abril en Chalco, Estado de México.

De acuerdo con la Fiscalía mexiquense, ese día se desató una violenta confrontación por la posesión de un inmueble ubicado en la colonia Hacienda de Guadalupe. El enfrentamiento terminó con dos hombres sin vida y un adolescente herido, hecho que fue grabado en video por testigos y que rápidamente circuló en redes sociales, encendiendo la indignación pública y presionando a las autoridades para actuar con rapidez.

Según lo que se ha informado hasta ahora, todo comenzó días antes. El 27 de marzo, Mariana “N” presentó una denuncia por despojo. Aseguró que personas ajenas ingresaron a su vivienda y sacaron pertenencias sin su consentimiento. Un día después, personal de la Fiscalía acudió al lugar para realizar una inspección, pero se toparon con una cadena y un candado que les impidieron el acceso. No había nadie dentro, y la escena ya era un rompecabezas en marcha.

El Ministerio Público solicitó entonces grabaciones de las cámaras de vigilancia cercanas y pidió al Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM) datos sobre la propiedad. Además, se emitió una medida de protección a favor de Mariana “N”, que incluía vigilancia en su casa y trabajo por 30 días.

Pero el conflicto escaló rápidamente. Para el 4 de abril, la Fiscalía concluyó que la posesión legal de la vivienda correspondía a Mariana “N”. Sin embargo, lo más extraño fue que su propia representante legal se negó a recibir el inmueble, argumentando que en ese momento “no era de su interés tomar posesión”.

Con todo esto en el expediente, y tras la balacera que dejó dos muertos y un menor herido, la jueza de Chalco ordenó prisión preventiva para Carlota, Eduardo y Mariana. Están siendo investigados por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. Su próxima audiencia está programada para el 9 de abril, fecha en la que se definirá su situación jurídica.

Mientras tanto, la fiscalía sigue tirando del hilo: aún queda por esclarecer si realmente hubo despojo, quién tenía derecho legítimo sobre el inmueble y, sobre todo, cómo un conflicto por una casa terminó en un crimen tan violento que sacudió a toda la comunidad.