Imagina que un malentendido en el trabajo te lleva directo a la cárcel sin posibilidad de defenderte en libertad. Parece una escena de película, pero podría ser la realidad para muchas personas en México tras la más reciente reforma de prisión preventiva oficiosa publicada justo antes de que terminara el 2024.
Esta modificación a la Constitución, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, amplió el listado de delitos que ameritan encarcelamiento automático. Entre los nuevos delitos se encuentran la extorsión, los relacionados con el fentanilo y los comprobantes fiscales falsos. Pero aquí viene lo preocupante: también incluyeron un candado que blinda la interpretación literal de estos cambios. En pocas palabras, si está en la lista, vas directo a prisión sin derecho a un amparo.
Suena drástico, ¿no? Y las historias empiezan a surgir. Como la de una trabajadora del hogar que fue acusada injustamente de robar un jarrón. Con esta reforma, podría enfrentar prisión sin posibilidad de defenderse desde fuera. Todo esto porque el robo de casa habitación también fue incluido en la lista.
Especialistas aseguran que esta reforma es un retroceso en derechos humanos. En lugar de garantizar justicia, parece que busca llenar más las cárceles. La prisión preventiva oficiosa, que debería ser una medida cautelar para casos graves, ahora será aplicada a delitos que podrían resolverse con procesos más justos.
“Esto manda un mensaje preocupante a nivel internacional y podría derivar en sanciones para México”, comentan expertos consultados por medios nacionales. Pero aquí, lo más preocupante es el impacto en la gente común. No hablamos de grandes criminales, sino de personas que podrían ver su vida destruida por acusaciones menores.
En un país donde la justicia ya era cuestionada por ser lenta y desigual, esta reforma podría empeorar las cosas. ¿La solución? Muchos coinciden en que es necesario revisar la lista de delitos con prisión preventiva oficiosa y asegurar que sólo aplique en casos verdaderamente graves.
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