Las Relatorías Especiales de la ONU sobre defensores de derechos humanos y pueblos indígenas han pedido al gobierno mexicano que revise las sentencias de 10 defensores indígenas que, según denuncias, enfrentan detenciones arbitrarias y procesos judiciales plagados de irregularidades.
En una comunicación oficial enviada el pasado 9 de octubre, pero hecha pública recientemente, Mary Lawlor, relatora especial para defensores de derechos humanos, y José Francisco Cali Tzay, relator especial sobre pueblos indígenas, expresaron su “grave preocupación” por el uso indebido del derecho penal contra estos activistas, presuntamente como represalia por su labor en la defensa de comunidades originarias.
Entre los afectados se encuentran:
Pablo López Alavez: indígena zapoteco condenado a 30 años de prisión en Oaxaca por homicidio, pese a presuntas irregularidades en el caso.
Kenia Hernández Montalván: activista amuzga sentenciada a 20 años y nueve meses por supuesto robo con violencia.
Tomás Martínez Mandujano: líder otomí en el Estado de México.
Saúl Rosales Meléndez: defensor nahua de Tlaxcala.
Versaín Velasco García: indígena tzotzil en Chiapas.
Otros activistas indígenas tseltales y binniza, como David Hernández Salazar, enfrentan sentencias que alcanzan hasta los 46 años de prisión.
Los relatores de la ONU afirmaron que en varios casos las personas acusadas ni siquiera se encontraban en los lugares donde ocurrieron los delitos que se les imputan. Además, señalaron graves violaciones al debido proceso, lo que, dijeron, no solo afecta a los detenidos, sino que busca intimidar a otros defensores de derechos humanos.
Los expertos instaron al gobierno mexicano a investigar y sancionar a los responsables de estas violaciones y a garantizar los derechos de los defensores indígenas. Asimismo, solicitaron información sobre la base jurídica de las condenas y detalles sobre las pruebas utilizadas en los casos mencionados.
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