La Reforma Judicial en México, que busca que jueces y magistrados sean elegidos por voto popular, ha causado gran revuelo. Esta medida, promovida por la administración actual de Claudia Sheinbaum, ha sido señalada por expertos y políticos como un riesgo para la independencia del sistema judicial, argumentando que, de aprobarse, los jueces podrían verse presionados a seguir intereses políticos en lugar de impartir justicia de manera imparcial.
Para analizar si esta reforma va en contra de los principios establecidos en la Constitución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puede revisarla. De ser así, podría llegar a invalidarla, aunque esto es un reto, ya que, en general, las reformas constitucionales no son revisadas por la Corte. Sin embargo, los magistrados pueden evaluar si el proceso de aprobación fue correcto, ya que hubo irregularidades, como la discusión en una sede alterna sin certeza del número de diputados presentes. Estas fallas en el procedimiento podrían ser suficientes para que la Corte anule la reforma.
En el plano internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado inválidas reformas similares en otros países cuando considera que afectan derechos humanos. Si bien esto brinda un respaldo a quienes cuestionan la reforma en México, una intervención externa puede no tener un efecto inmediato en el país debido a la postura del gobierno actual.
En resumen, aunque el camino no es sencillo, la Suprema Corte podría suspender esta reforma si se demuestra que afecta los derechos de los ciudadanos y la integridad del sistema de justicia en México.
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