En una sesión marcada por la polémica, el Senado de la República aprobó en fast track la reforma a la Ley General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), otorgándole facultades para convertirse en constructor de vivienda en colaboración con actores públicos, privados y sociales. La iniciativa, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, establece que el instituto podrá constituir una filial para estos fines, la cual operará bajo el derecho privado y no será considerada una entidad paraestatal.
La propuesta fue avalada con 68 votos a favor y 29 en contra, generando críticas de la oposición, quienes cuestionaron el manejo de los recursos de las subcuentas de los trabajadores y el impacto potencial en su patrimonio.
Entre los puntos destacados de la reforma, se establece que:
El patrimonio del Infonavit, junto con los rendimientos del Fondo Nacional de la Vivienda, podrá destinarse al financiamiento de proyectos de construcción, administración inmobiliaria y arrendamiento social.
Los trabajadores que cumplan un año de cotización continua tendrán derecho a participar en el programa de arrendamiento social de viviendas construidas o administradas por el instituto.
Estos programas estarán enfocados en ofrecer opciones de vivienda cercanas a los centros de trabajo, con la posibilidad de adquirirlas a través de un esquema de opción de compra.
Durante el debate, senadores de oposición expresaron su preocupación por los riesgos asociados a la reforma. El panista Ricardo Anaya denunció que los recursos de las subcuentas de los trabajadores podrían ser utilizados por el gobierno para financiar estos proyectos, lo que calificó como una expropiación disfrazada.
Por su parte, la senadora priista Mely Romero destacó que, aunque están a favor de la vivienda para los trabajadores, la reforma no incluye mecanismos de protección para los recursos, lo que podría derivar en proyectos inmobiliarios fallidos.
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