En un movimiento que promete sacudir las relaciones entre Estados Unidos y México, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva este lunes 20 de enero para designar a los cárteles del narcotráfico mexicanos como "organizaciones terroristas extranjeras" (FTO, por sus siglas en inglés). Este anuncio, respaldado por la Casa Blanca, busca intensificar las acciones contra estas organizaciones que, según el gobierno estadounidense, representan una seria amenaza para su seguridad nacional.
Aunque aún no se han oficializado cuáles cárteles serán incluidos en esta lista, los reflectores apuntan a grupos como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otros siete que cumplen con los criterios establecidos por las leyes estadounidenses. Entre ellos, el uso de la violencia extrema, operaciones internacionales y un impacto directo en la vida de ciudadanos estadounidenses los pone en la mira.
Esta medida no solo es una declaración política, sino que permitirá a las autoridades estadounidenses aplicar sanciones más agresivas. Desde el congelamiento de activos hasta la posibilidad de cooperación internacional más robusta para desmantelar estas organizaciones, la designación amplía las herramientas legales disponibles para combatirlas.
Grupos como el Cártel del Golfo, Los Zetas y La Familia Michoacana, entre otros, también están en el radar de Washington, debido a sus operaciones transnacionales y su vinculación con el tráfico de drogas y otras actividades delictivas. Además, las tensiones en regiones como el noreste de México y el impacto del tráfico de fentanilo, una de las principales preocupaciones de Estados Unidos, fortalecen el argumento de esta nueva estrategia.
Con este movimiento, Estados Unidos busca marcar un precedente en su lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, también genera interrogantes sobre las implicaciones diplomáticas con México, un socio estratégico con quien comparte una larga historia de cooperación y desafíos en materia de seguridad.
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