Trump firma decreto para desmantelar el Departamento de Educación

El cierre total del departamento no es algo que Trump pueda hacer con una simple firma. La agencia fue creada en 1979 por el Congreso, por lo que su eliminación requeriría una ley aprobada en ambas cámaras. No obstante, los republicanos ya han prometido presentar un proyecto para lograrlo. Mientras tanto, el gobierno de Trump ha comenzado a reducir la fuerza laboral del departamento a la mitad y a recortar áreas clave como la Oficina de Derechos Civiles y el Instituto de Ciencias de la Educación, lo que afecta la recopilación de datos sobre el rendimiento académico del país.

A pesar del golpe, algunas funciones críticas seguirán operando. La Casa Blanca aseguró que programas como el financiamiento del Título I para escuelas de bajos ingresos, las becas Pell y el apoyo a niños con discapacidades continuarán. Además, la gestión de los préstamos estudiantiles federales, un sistema que maneja alrededor de 1.6 billones de dólares, seguirá en manos del gobierno federal.

Para Trump, el Departamento de Educación es el responsable del bajo rendimiento académico de Estados Unidos, y según su visión, los estados podrían manejar la educación mejor que el gobierno federal. "No nos está haciendo ningún bien", afirmó el expresidente en una ceremonia en la Casa Blanca. Este argumento ha sido el estandarte de grupos conservadores que buscan reducir la influencia del gobierno en las escuelas y dar más poder a los padres en la educación de sus hijos.

Sin embargo, los defensores de las escuelas públicas y los derechos civiles ven el plan de Trump como una amenaza para los estudiantes más vulnerables. Derrick Johnson, presidente de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), advirtió que la medida afectará principalmente a los niños en comunidades pobres y rurales. "Este es un día triste para millones de estudiantes que dependen del financiamiento federal para recibir una educación de calidad", declaró.

Los demócratas no se han quedado de brazos cruzados. Han calificado la orden como "peligrosa e ilegal" y aseguraron que la combatirán tanto en los tribunales como en el Congreso. Bobby Scott, demócrata y presidente de la Comisión de Educación y Trabajo de la Cámara de Representantes, recordó que el Departamento de Educación se creó en parte para garantizar los derechos civiles de los estudiantes. Según él, desmantelarlo dejaría la puerta abierta a prácticas discriminatorias bajo la excusa de la "autonomía estatal".

Pero no todos están en contra del plan. Tiffany Justice, cofundadora de Moms for Liberty, celebró la decisión, argumentando que las comunidades y los padres tendrán más control sobre la educación de sus hijos sin la "burocracia federal dictando qué aprender". Esta postura ha ganado popularidad en sectores conservadores que han criticado la enseñanza de temas como el racismo sistémico y la diversidad en las escuelas.

Más allá del debate ideológico, hay una realidad innegable: el Departamento de Educación maneja miles de millones de dólares en financiamiento para programas que van desde la alimentación escolar hasta el apoyo a estudiantes sin hogar. Aunque el dinero federal solo representa el 14% de los presupuestos de las escuelas públicas, su impacto es significativo en programas diseñados para los estudiantes más necesitados. Y en el caso de las universidades, la dependencia de fondos federales es aún mayor, con ayudas que permiten a millones de jóvenes acceder a la educación superior.

La iniciativa de Trump también pone sobre la mesa un viejo debate: ¿debería la educación ser un asunto estatal o federal? Los republicanos han abogado por cerrar la agencia desde hace décadas, argumentando que pone al gobierno central en decisiones que deberían tomar los estados. Sin embargo, la ironía es que el propio Trump ha utilizado el poder del departamento para imponer su agenda en temas como la participación de atletas trans en deportes femeninos y el activismo en las universidades.