México no logró zafarse del golpe arancelario de Estados Unidos. A pesar de las negociaciones encabezadas por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, la administración de Donald Trump confirmó que a partir de la medianoche del 12 de marzo (hora de Washington, DC), entrarán en vigor aranceles del 25% al acero y sus derivados, y del 10% al aluminio importado desde todo el mundo, sin excepciones.
El anuncio cayó como un balde de agua fría para la industria mexicana, que esperaba que el país lograra quedar fuera de estas tarifas, como ocurrió durante el primer mandato de Trump, cuando México, Canadá y Australia fueron las únicas naciones exentas. Esta vez, el panorama es diferente: ni siquiera sus aliados más cercanos lograron esquivar la medida. La Casa Blanca descartó una excepción para Australia, tuvo roces con Canadá y dejó en el aire las gestiones de Ebrard hasta el último minuto.
El portavoz presidencial, Kush Desai, confirmó en un comunicado que la decisión es definitiva y que no habrá trato especial para ningún socio comercial. Esto significa un impacto inmediato en sectores clave de la economía, desde la construcción hasta la manufactura de autos, electrodomésticos y tecnología, que dependen en gran medida del acero y el aluminio. En otras palabras, los consumidores también lo notarán en su bolsillo: los costos de producción subirán y, con ello, los precios de muchos productos.
Ahora, todas las miradas están puestas en Palacio Nacional. Se espera que la presidenta Claudia Sheinbaum dé una respuesta oficial este miércoles por la mañana. La gran incógnita es si México tomará medidas de represalia, como ya lo hizo en ocasiones anteriores con aranceles espejo a productos estadounidenses. El escenario está abierto y la tensión económica entre ambos países, más fuerte que nunca.
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